–¿Cuáles son los objetivos de su visita a Ceuta?

 

–Es fácil y conciso decirlo: repasar y relanzar la agenda política de la discapacidad en la ciudad autónoma, apoyar a CERMI Ceuta a que las necesidades y demandas de la población ceutí con discapacidad estén presentes en las decisiones de los gestores públicos y se les dé satisfacción. Una Ceuta inclusiva de la discapacidad es posible y solo es cuestión de voluntad, propuestas para lograrlo no van a faltar por parte de la ciudadanía con discapacidad.

 

–¿Qué significa ser persona con discapacidad en España antes y después de los recortes?

 

–Antes y después de la crisis, la situación de las personas con discapacidad es de exclusión estructural, de desigualdad, de violación sistemática de derechos. Nuestro acceso a los bienes sociales básicos es siempre de dificultad extrema. Tanto en tiempos de bonanza como de recesión, las personas con discapacidad estamos en el lado castigado. Ahora bien, la crisis, como la actual recrudece una situación de partida ya mala, haciéndola penosa, insostenible e intolerable. Somos víctimas doblemente.

 

–La lucha del CERMI por los derechos de casi cuatro millones de españoles es clave. ¿Qué es lo que más orgulloso le hace sentir que hayan conseguido en los últimos tiempos?

 

–En un panorama tan negro como el que pinto, se diría que no hubiera nada favorable. Pero no es así por suerte. No me voy a fijar ni a señalar nada como una ley, un reconocimiento de un derecho, una ventaja añadida antes inexistente, no. Pondré el foco en algo más cualitativo, menos tangible, pero harto más transformador, como es la creciente conciencia en cada persona con discapacidad y en sus familias de su dignidad absoluta, de que su diversidad humana es valiosa, respetuosa y respetable y de que no va a tolerar, y luchará con todos sus medios, contra la violaciones y vulneraciones de sus derechos. Se me dirá, son ideas, son cosas etéreas, pero las ideas, los pensamientos, las actitudes personales son el origen de los cambios, desencadenan espirales de transformación en todos los frentes. En ese proceso estamos y la acción del tejido asociativo de la discapacidad en España ha servicio y está sirviendo de detonante del mismo.

 

–Se acercan las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Qué gane uno u otro partido político influye en la vida del colectivo? ¿Qué se juega?

 

–Remedando el título de una película no muy antigua, diría que “Europa no es continente para personas con discapacidad”. Hoy, la Unión Europea está en una especie de estado de sopor, de languidez, de anemia para lo social y cívico, que causa pavor. Es un cuerpo político achacoso en el que las dolencias oportunistas se ceban. Apuntado esto, he de indicar que la agenda política de la discapacidad no tiene color político, puede realizarse con partidos democráticos de todo signo, somos transversales al espectro político. Los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad como exigencias democráticas de base son patrimonio común, y vinculan a todos.

 

–¿Envidia la situación de algún país concreto en el trato que dispensa a las personas con discapacidad en relación con España?

 

–En ningún país del mundo, la “cuestión” de la discapacidad, digámoslo así de burdamente, está resuelta. Hay desde luego países con mejores políticas, en situaciones globalmente de mayor avance, pero ninguno puede afirmar que las personas con discapacidad y sus familias han alcanzado una normalidad cívica, un grado tal de inclusión y de ejercicio regular de derechos, que hagan que la misma discapacidad sea irrelevante como factor. Estamos lejos de eso, que no deja de ser hoy una aspiración.

 

–¿Qué espina tiene clavada que lucha por conseguir al frente del CERMI?

 

–Sin pretender ser irreverente, más que de espina, hablaría de corona de espinas, de tantas que son, y que laceran la dignidad de nuestra vida en comunidad, que no podemos llamar decente mientras subsistan. Pero me quedaré con una, atroz, enormemente lesiva, y que tendría una fácil solución. La accesibilidad en los edificios de pisos, miles de edificios de viviendas en España que no reúnen las mínimas condiciones para que personas con discapacidad y mayores puedan entrar y salir de sus hogares con normalidad. Tenemos miles de personas prisioneras en sus propias casas sin haber cometido ningún delito, porque no disponen de ascensor, rampa, elevador, comunicador, etc. Y la Ley, la Ley de Propiedad Horizontal, los omite, los excluye, no permite solventar su situación, obligando a la comunidad de propietarios a asumir el coste íntegro de esas obras. Lo obliga para otros gastos, pero no para éstos. Hoy en España, quizás sea esta la peor cara de la discriminación y la exclusión contra las personas con discapacidad, y nuestros políticos no quieren cambiar ese rictus temible.

 

Por Paloma López Cortina